Colombia: Militares, trasnacionales y políticos apostaban a los "paramilitares"
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El ejército, las empresas transnacionales y los políticos conservadores muy cercanos al presidente Álvaro Uribe conformaron en Colombia una vasta red de apoyo a los grupos paramilitares, cuya dimensión se ha revelado a medida en que se agregan nuevos nombres a la lista.
La semana pasada, el diario Los Angeles Times divulgó un informe que señala la extensa colaboración del comandante del ejército, general Mario Montoya, con los paramilitares. La denuncia ha provocado revuelo tanto en Estados Unidos, donde el Congreso discute la renovación de la ayuda a ese país por $700 millones, como en Colombia, conmovida ya por la prisión de una decena de parlamentarios y dirigentes políticos, la mayoría de ellos muy cercanos a Uribe, acusados de vínculos con los paramilitares. A eso se suma la revelación de que la bananera Chiquita Brands dio a los paramilitares $1,7 millones entre 1997 y el 2004, lo que convirtió a la empresa en una de las mayores proveedoras de la agrupación de extrema derecha en Colombia. MONTOYA Un informe reciente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), analizado por Los Angeles Times, divulgó que a la misma CIA , a Montoya y al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se le atribuyó haber planificado y realizado de forma conjunta, en 2002, la "Operación Orión", para eliminar a supuestos guerrilleros de zonas marginales de los alrededores de Medellín. En la operación murieron 14 personas, calificadas como "milicianos", así como dos oficiales del ejército, otros dos de la policía y uno de la infantería de marina, en uno de los mayores combates urbanos registrado en el marco del conflicto armado de más de cuatro décadas en ese país. La CIA no negó la autenticidad del documento, pero tampoco confirmó su contenido; sin embargo, pidió al diario que omitiera detalles del documento que, en su criterio, podría ser una amenaza para la seguridad del país. La agencia se limitó a decir que se trataba de información sin procesar, que le había sido entregada por los servicios de inteligencia de un tercer país, no identificado, y que no había sido confirmada. Lo que no explicó fue por qué no se confirmó una información de esa gravedad, considerando que los paramilitares colombianos son parte de la lista de "organizaciones terroristas" elaborada por el propio gobierno de EE.UU. En realidad, en medios políticos colombianos se estima que los vínculos de los sectores militares, empresariales y políticos con los paramilitares eran bien conocidos por los servicios de inteligencia dicha nación. El informe menciona el coronel Rey Vélez, agregado militar de los Estados Unidos en Colombia, quien habría confirmado esa versión. El militar fue relevado de su cargo dos días después de publicado el informe. En realidad, Vélez menciona también a otro militar colombiano, el general Freddy Padilla, comandante de las fuerzas en Barranquilla, vinculado a los paramilitares. El senador Gustavo Petro, de oposición, afirmó que sí "hubo vínculos entre fuerzas del Estado y las Autodefensas en la operación Orión", tal como lo denunció ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Cano, un testigo de esos hechos. "Cano fue detenido junto con otros compañeros por sujetos que tenían brazaletes de las AUC. Pasaron por retenes militares y vio cuando miembros del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía) descuartizaban a uno de sus compañeros. Eso lo denuncié en un debate en 2003 ante la Cámara de Representantes", dijo Petro a una radio colombiana. El gobierno de Uribe rechazó las afirmaciones del informe y el general Montoya pidió que se presentaran pruebas ante los tribunales. CHIQUITA Pero el escándalo de Montoya no fue el único que "explotó" la semana pasada en Colombia. Los tribunales de EE.UU le impusieron una multa de $25 millones a la empresa bananera Chiquita Brands, que admitió haber pagado a los paramiltares más de $1,7 millones durante siete años. Según la empresa, los pagos se hicieron para proteger a sus trabajadores en zonas donde operaban los grupos armados irregulares. Sin embargo, las revelaciones en torno a este caso muestran que el compromiso de la empresa con los paramilitares pudo haber ido mucho más allá de lo que la compañía ha reconocido. Un reportaje publicado por la revista colombiana "Semana" destacó que una reunión, en 1997, entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general de BANADEX, subsidiaria de la bananera Chiquita Brands en Colombia, "fue el inicio de una relación criminal que, según la multinacional, le ayudó a proteger la vida de sus trabajadores, pero que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria "pacificación" del Urabá antioqueño y en su expansión por el resto del país". La revista señala que, "hasta el cuatro de febrero de 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de $1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de sus principales apoyos económicos. Además, el 7 de noviembre de 2001, BANADEX fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su "mejor gol" y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló BANADEX y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian". Agrega, además, que durante este período, las AUC cometieron "miles de asesinatos" en la zona, incluyendo a trabajadores bananeros que Chiquita asegura haber querido proteger. Otras empresas trasnacionales están siendo investigadas en Colombia, por sus eventuales alianzas con los paramilitares y no se descarta nuevas sanciones, aunque ninguna ha sido procesada en Colombia. AMIGOS DE URIBE Pero no solo el ejército y las transnacionales apoyaban a los paramilitares. El escándalo de la "parapolítica" ya hizo caer a la canciller Consuelo Araujo, cercana colaboradora de Uribe, después que su hermano, el senador Álvaro Araujo, fue detenido y acusado por la fiscalía de vínculos con los paramilitares en la costa del Caribe y por el secuestro de un opositor suyo en las elecciones del 2002. El padre de la ahora excanciller, exsenador y exministro, del mismo nombre que su hijo, también está siendo investigado. Ante esta realidad, la senadora Piedad Córdova pidió convocar nuevas elecciones, no sólo para el Congreso, sino para la presidencia, pues estimó que los votos con los que fueron elegidos los parlamentarios investigados fueron los mismos con los que se eligió al presidente Uribe. En el caso de la "parapolítica" están detenidos los congresistas Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano, Erick Morris Taboada, Mauricio Pimiento Barrera, Alfonso Antonio Campo Escobar, Álvaro Araujo Castro, todos muy cercanos al Ejecutivo, además de Dieb Nicolás Maloof Cuse y Luis Eduardo Vives Lacouture. Ese escándalo se desató en octubre del año pasado, cuando el exdirector de informática de la policía secreta denunció los vínculos de los políticos oficialistas con el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", quien ejercía su influencia en extensos territorios de la costa norte colombiana para favorecer a sus candidatos al Congreso, gobernaciones y alcaldías. En ese contexto, medios políticos insisten en la cada vez más evidente alianza del propio Uribe con grupos paramilitares, acusación que le ha sido lanzada en más de una oportunidad, aun antes de haber asumido la presidencia de la República. |
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