Guatemala: Tres Agendas Legales Pendientes
La sociedad, aunque anuente Existen en las agendas del Estado muchas decisiones pendientes para cumplir con los mandatos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), otros instrumentos de derechos humanos y los Acuerdos de Paz. Se puede asegurar que los avances respecto a los derechos de las mujeres se han obtenido prácticamente por las demandas y la labor de incidencia que las organizaciones de mujeres han llevado a cabo y no por una concesión graciosa del Estado de Guatemala. En esta oportunidad me referiré con exclusividad a las acciones pendientes en el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad. Débil e ineficiente Ministerio Público Desde que los lamentables hechos de violencia contra las mujeres se recrudecieron en el año 2000, con los asesinatos evidenciados por el aparecimiento de cadáveres en la Zona 1 de la ciudad capital, el movimiento de mujeres -en específico la Red de la No Violencia contra las Mujeres apoyada por otras organizaciones- planteó la necesidad de que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar, en forma científica y eficiente, quiénes estaban matando a las mujeres y que, una vez identificados, cumpliera con llevarlos a juicio, acusarlos y lograr su condena. Han pasado casi siete años y se puede afirmar que la nula o débil e ineficiente labor del Ministerio Público ha imposibilitado la averiguación de los hechos y la condena de los culpables, quienes han quedado en la impunidad. Ello parece estimular a los asesinos, que se pueden vanagloriar de su misoginia extrema mostrada en las señales de tortura con que aparecen los cadáveres de niñas, adultas y ancianas, en un número que aumenta cada año, cada mes y cada día en todos los rincones del país. También es normal que la mayoría de fiscales y auxiliares fiscales se concrete en incriminar a las víctimas y revictimizar a sus deudos, antes que cumplir con su labor de investigación. Falta ver si con la instalación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en enero del año próximo, se llegará a contar con una investigación responsable para identificar a los asesinos y procesarlos, y que con este apoyo el Ministerio Público llegue a cumplir con sus obligaciones. Un Congreso muy indiferente Por otra parte, para perseguir los hechos que damnifican a las mujeres son indispensables las reformas legislativas. Por eso, desde hace varios años el movimiento de mujeres ha hecho diversas propuestas ante el Congreso de la República. Existen propuestas para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos a fin de facilitar la participación de las mujeres a través de las cuotas electorales y la diseminación de sus derechos cívico-políticos, así como el empapelamiento, ya que muchas mujeres de las áreas marginales y rurales carecen de partida de nacimiento y cédula de vecindad, por lo que tampoco están empadronadas. También hay en el seno del Congreso propuestas de reformas al Código de Trabajo, sobre todo en lo relativo a la eliminación de normas discriminatorias que respaldan la esclavitud contemporánea de las trabajadoras de casa particular. Se han planteado por lo menos cuatro propuestas para prevenir el acoso sexual y tipificarlo como delito, sea en el ámbito educativo, laboral o en cualquier otro espacio. Asimismo, se ha luchado por varios años por las reformas al Código Penal que -dentro de la iniciativa 2630- tipificarían como delitos el acoso sexual, la violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones, la violación por el cónyuge, la consideración de la violación sexual también por la vía anal u oral, además de la eliminación de la posibilidad de que los delitos sexuales sean perdonados y la eliminación de conceptos subjetivos como la honestidad para perseguir la violación inducida (estupro) cometida contra adolescentes. Se ha propuesto también el incremento de la pena en el caso del incesto y que éste se considere como violación sexual con derecho a la imprescriptibilidad de su persecución penal, y en el caso de otras conductas contrarias a la libertad sexual, seguridad, integridad y dignidad de las mujeres. Sin embargo, a los congresistas parece importarles poco la violación de los derechos humanos de las mujeres; por eso las propuestas son engavetadas o se someten a trámites engorrosos. Ello demuestra que no tienen interés en resolver la problemática de las mujeres. Insuficiente y tardía respuesta de la Corte Algunos avances legislativos se han conseguido mediante acciones de inconstitucionalidad que el movimiento de mujeres ha presentado. Sin embargo, tampoco parece que en la Corte de Constitucionalidad haya prisa por resolver estas acciones. Al menos podemos observar que las planteadas en el marco del 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres), dentro de los plazos que marca la ley de la materia, ya deberían haber sido resueltas. Una de ellas impugna de inconstitucionales normas obsoletas del Código Civil que perpetúan la discriminación contra las mujeres porque el legislador las consideró débiles, incapaces o como si fueran menores de edad. Otra de tales acciones se enderezó contra el Código de Trabajo con relación a los artículos que permiten que la jornada de trabajo de las trabajadoras de casa particular sea indefinida, que ellas puedan ser despedidas cuando se enferman y que se les pague una vergonzosa indemnización. Triste panorama. |
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