Entrevista al nuevo Ministro de Seguridad de Costa Rica
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Ministro Fernando Berrocal: "No nos corresponde reprimir"
También reveló que funcionarios corruptos forman parte de negocio que deja $45 millones por otorgar 1.500 visas anuales a ciudadanos chinos. En los trámites a visas de ciudadanos chinos es donde precisamente hay corrupción, advirtió el ministro Fernando Berrocal. ¿Hippies pacifistas y estudiantes rebeldes del 68, maduros y liberacionistas, han llegado al poder con el nuevo Gobierno? Este parece ser el mensaje que quiere transmitir la administración Arias, al nombrar a un expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y hoy abogado, Fernando Berrocal Soto, como Ministro de Gobernación y Seguridad Pública. En un país que se encuentra ideológicamente dividido, y a las puertas de que la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) en la Asamblea Legislativa, pueda generar nuevas movilizaciones, en palabras del propio Berrocal, el mandatario lo escogió precisamente para tratar de evitar confrontaciones y negociar con las organizaciones sindicales y estudiantiles. Aseguró que su filosofía de la seguridad pública es civilista, y que un Consejo de Seguridad integrado por los ministerios de la Presidencia y de Justicia, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y su despacho, será el encargado de tomar decisiones, en caso de surgir situaciones como las del "combo" del ICE en 2000. También reveló la existencia de una red de corrupción que lucra desde las oficinas de Migración con el otorgamiento de visas, en especial a personas chinas y cubanas. Finalmente, -y por si alguien todavía creyera que el ejercicio de la violencia legítima es una potestad exclusiva del Estado-, se refirió a la "alianza estratégica" que su despacho piensa establecer con el virtual "ejército" particular que dirigen unas 400 empresas de seguridad privada, cuyo personal sobrepasa, en mucho, al número de efectivos de la Fuerza Pública. La entrevista tuvo lugar en su despacho, el pasado 17 de mayo. Ud. afirma que quiere recuperar el carácter democrático que debe tener la institución policial . ¿Cuál es el enfoque sobre la fuerza pública y la seguridad pública que guiará su gestión? - La policía es una institución de la democracia, sobre todo en un país como Costa Rica, que desde 1949 con la Constitución Política, abolió las fuerzas armadas y el ejército; y además, en una administración como la del Presidente Arias, galardonado con el Premio Nobel de la Paz. No vengo de una experiencia del lado de la policía, sino de abogado litigante en los tribunales de la República, y me interesa que mi gestión sea matizada con este carácter civilista de la policía. El enfoque correcto es uno de seguridad ciudadana. Se dice con frecuencia que la seguridad es un problema de todos, y es así. Primero, por filosofía, pero además por razones prácticas, porque la única manera de resolver los problemas de la criminalidad en una sociedad democrática y tolerante como la costarricense, es que la Fuerza Pública cumpla el papel de policía preventiva, con un trabajo muy bien estructurado con las municipalidades, las organizaciones de desarrollo comunal, las fuerzas vivas de las comunidades, que el policía cumpla esa función de ser una expresión de la vida democrática nacional. Se ha dado una reducción de la presencia policial en las calles, junto con un proceso de privatización de la seguridad pública. ¿A qué lo atribuye? -Allí hay una diferencia de concepto con la anterior administración, que la conversamos amigablemente don Rogelio Ramos y yo. A pesar de que ellos hicieron esfuerzos en seguridad pública, la diferencia es que ellos tenían la seguridad comunitaria como un programa a cargo de una viceministra. Yo quiero transformar eso en la filosofía de la Fuerza Pública. Diferimos en que la policía estaba antes "acuartelada" en las comisarías y salía a las calles por necesidad. Tuve una reunión con Francisco D´Allanese, jefe del Ministerio Público, y tal vez porque los dos somos abogados y tenemos formación jurídica, nos pusimos de acuerdo en que mis funciones como ministro de Seguridad Pública están en el área de la policía preventiva; y la parte represiva al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También desde un punto de vista práctico, no es bueno que haya 9.000 policías en las comisarías, sino que estén en las calles. Y de que ese policía -y allí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo- interiorice esta visión de que él es un ciudadano, investido de autoridad, pero un ciudadano. El Estado es una entelequia, unas leyes e instituciones, pero se materializa cuando el ciudadano entra en contacto con un funcionario público, o se encuentra con un policía. El policía es el funcionario público en más contacto con la comunidad. Necesito generar una sinergia de que él entienda su papel en la sociedad democrática, y su relación con el resto de la ciudadanía. En eso trabajaremos muy fuerte. Y en esto hay una diferencia filosófica muy fuerte, de mucho fondo. A partir de la movilización ciudadana contra el "combo" de leyes del ICE, que paralizó el país durante un mes, notamos un incremento de la policía antimotines. Si a raíz de la discusión del TLC, se produjeran movilizaciones semejantes, ¿cómo las encararía como Ministro de Seguridad? -Yo vengo de la Universidad, fui presidente de la FEUCR en los años 67 y 68, a mucha honra. Me tocó ese año extraordinario que fue el mayo del 68, la primavera de Praga. Entonces, yo he sido protestante, he estado en las calles, encabecé una FEUCR que se manifestó contra la guerra en Vietnam y contra la invasión soviética en Checoslovaquia. De tal manera que no veo que el problema esté en la protesta. Todos los ciudadanos tienen el derecho a protestar y es una garantía constitucional. Espero que podamos ponernos de acuerdo las autoridades del nuevo Gobierno, los representantes sindicales y de la Federación de Estudiantes Universitarios, en que esa protesta sea democrática, que garantice tanto el derecho de quienes van a manifestarse contra el TLC, a expresarse libremente en una sociedad democrática como es su derecho constitucional, y también los derechos del resto de la ciudadanía en cuanto a la libre movilización, y los que garantiza la Constitución. Además, el presidente Arias fue galardonado con el Nobel de la Paz y él tiene esta misma sensibilidad. Hay varios ministros que estamos en esa línea. Don Leonardo Garnier también es un profesor universitario y lo han atacado porque tiene el pelo largo, y eso no tiene ni pies ni cabeza. Si los muchachos quieren ir con el pelo largo al colegio, pues que vayan, de lo que se trata es de que sean buenos estudiantes. Don Francisco Morales es un hombre de una larga trayectoria dentro de los movimientos sociales. Confío, en primer lugar, en que todas estas condiciones se den, y también apuesto al diálogo. El lunes 22 de mayo tengo una reunión con don Albino Vargas, secretario general de ANEP y espero hacerlo luego con doña Xiomara Rojas, del SITECO. Querría que mi oficina sea un lugar en el que podamos encontrarnos con los dirigentes sindicales y estudiantiles. La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), depende del Ministerio de la Presidencia, pero Ud. también tiene que relacionarse con ella para efectos de la seguridad pública. ¿ Quién estará a cargo de ella y cuál será su relación? -Como Ud. señala, la DIS no depende del Ministerio de Seguridad Pública, de modo que es un tema que debería tratar, más bien, con el ministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias. Puedo adelantarle que vamos a regresar a una estructura que funcionó durante las administraciones de los presidentes Monge y la primera de Arias, que es un Consejo de Seguridad. Así como hay un Consejo Económico y un Consejo Social, queremos que haya uno de Seguridad en el que estén los ministros de la Presidencia, Justicia y la primera Vicepresidenta, Laura Chinchilla; en él participaré como ministro de Gobernación y Seguridad Pública, junto con el director de la DIS, y el Director General de la Fuerza Pública, cuando sea necesario. Será una instancia política y de reflexión, por lo que será mucho más fácil, en una instancia de diálogo entre nosotros, poder ver estos problemas como el que Ud. señala. Y para mí es una garantía. Yo soy el que más ha insistido en que ese Consejo funcione; primero, porque va a estar don Rodrigo Arias, que obviamente maneja toda la política de gobierno, doña Laura Chinchilla, ministra de Justicia, y yo no quiero ser simplemente un ministro que reacciona. No me parece que ese sea mi papel, quiero darle al Ministerio un papel distinto, que tenga que ver con estos cambios de enfoque filosófico sobre el papel de la Fuerza Pública. Sobre quién dirigirá la DIS, esto lo tendrá que anunciar don Rodrigo Arias. Respecto del tema migratorio, el Presidente se manifestó en contra de la ley que aprobó la Asamblea Legislativa saliente, porque considera que criminaliza al inmigrante ilegal. ¿Cómo manejará este tema, según la filosofía democrática que Ud. plantea? - Primero, me parece que es un dato objetivo y cierto que hay un problema serio de migraciones en Costa Rica. Pensamos que la población de padres costarricenses puede andar alrededor de 3 millones 300 mil personas, y la población total es de 4 millones. Entonces allí hay un bloque grande de unas 700 mil personas que responden a distintos esquemas migratorios. Posiblemente deben haber unos 300 mil con su situación totalmente legalizada y, aunque nadie sabe realmente, debe haber un margen de unas 350 mil personas en situación ilegal. Creo que el mayor porcentaje es de nicaragüenses, aunque en los últimos tiempos ha habido mucha llegada de colombianos y gente que viene del sur. Los colombianos parece que son un fenómeno migratorio que debemos comenzar a ver con algún detenimiento. Hay ecuatorianos y peruanos, que van más bien en tránsito hacia Estados Unidos y México. Fácilmente podemos decir que alrededor de un 20% de la población que vive en territorio nacional es población extranjera, y de ese porcentaje, la mitad está ilegal. Esto equivale a que en Alemania tuvieran unos 20 millones de turcos y en España vivieran unos 18 millones de marroquíes. Los alemanes hacen un gran problema con la migración turca, y no pasa de un millón de turcos en una población de casi 90 millones. Hay mucho racismo en Europa… ¿Cuál es el problema de que haya turcos o marroquíes? - Vea al caso de España, donde la Guardia Civil está haciendo operativos en el Mediterráneo, y debe haber más de un millón de marroquíes; si lo ponemos en proporción a Costa Rica, serían como 18 millones de personas y de la región subsahariana, que podrían estar en España. Creo que Costa Rica no ha hecho un esfuerzo suficientemente grande por plantear el tema en una perspectiva internacional, porque hay cooperación internacional para esto. La administración Rodríguez optó por la amnistía, que yo comparto, aunque no se recurrió a la cooperación externa. Porque no es solamente que esa población extranjera esté en el país, sino que está recibiendo educación en las escuelas, salud en los hospitales, todos los servicios del Estado. Una de las explicaciones de un cierto colapso del Estado costarricense es que de pronto tuvo que absorber una gran cantidad de población extranjera y darle los servicios que antes se le daban solamente a los nacionales. Allí falta cooperación internacional, debemos recurrir a la Unión Europea y a agencias internacionales para conseguir recursos para atender el problema migratorio. Por otro lado, la política del Presidente es tratar esto con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Bajo ninguna forma vamos a tolerar sentimientos de xenofobia. En el pueblo costarricense no existen esos sentimientos. Claro, cuando a uno le dicen que hay 600 o 700 mil nicaragüenses, pues ya el problema comienza a ser muy grande. Pero cuando la migración fue de 100 mil o 200 mil, Costa Rica la absorbió perfectamente bien. Hay estudios que demuestran que es muy poco el porcentaje de nicaragüenses que van a la CCSS y que no cotizan; otros estudios de la UCR muestran que sí existe xenofobia, como parte de un proceso de autoafirmación, en una época en la que se ve muy deteriorada la identidad nacional. Y por eso se echa la culpa a lo que viene de fuera. ¿qué opina de esto? -No estoy seguro de los datos pagados por servicios médicos de la Caja. Sí le puedo dar uno que conozco por información directa. Mi hija Carolina es médica, y cuando terminó sus estudios estaba haciendo las rotaciones en los hospitales y cuando estuvo en el de la Mujer, me decía que de 10 o 12 partos por noche, 8 o 9 eran de madres nicaragüenses. O sea, eso es una realidad. No sé si pagan el Seguro. Me imagino que muchos lo harán. Lo cierto es que la seguridad social se les brinda tengan o no tengan legalizada su situación, y también la educación. Eso habla muy bien de la amplitud y de la generosidad del pueblo costarricense. Me parece que en algunos sectores de la sociedad hay xenofobia, pero no en el Gobierno ni en ninguno de nosotros. Ud. ha dicho que en el Departamento de Migración y Extranjería hay una gran corrupción, que allí corre mucho dinero por la venta de visas a ciudadanos chinos. ¿Cómo enfrentará este problema? - Le puedo contar el milagro, pero no el santo. Para mí esto es nuevo. Le voy a decir dónde radica el origen del problema: en un decreto de la Guerra Fría. Y ya estamos de acuerdo con el presidente Arias, en derogarlo. Hay una lista de 133 países que tienen visas restringidas; o sea, todos los que en esa época, por A o por B representaban esquemas políticos o ideológicos distintos al costarricense, estaban en esa lista. Pero algunos ya no son comunistas, ahora forman parte de la Unión Europea, aunque aún están dentro de la lista. Y también ocurren cosas totalmente irracionales; por ejemplo, la India está en la lista, porque era país No Alineado. Y es un país totalmente democrático y en un proceso de crecimiento enorme. Intel, que tiene su fábrica de chips acá, tiene otra en la India, y cada vez que viene un científico hindú o alguna persona del área de tecnología para trabajar acá, o para hacer una pasantía en la fábrica de Intel en Costa Rica, pues es un problemón darle la visa. A la India la vamos a sacar, definitivamente, de la lista. En las próximas semanas vamos a derogar ese decreto para reducir la lista a los países con los que efectivamente, por razones políticas o de seguridad nacional o de políticas de Estado, este país tenga que aplicar ciertos criterios. ¿Podría darme un ejemplo de país que se mantendría en esa lista? - Por ejemplo, no tenemos relaciones con Cuba. Posiblemente Cuba tendrá que seguir en esa lista. Tenemos un problema con Colombia, obviamente, por la situación política. Pero yo no me atrevo a decir todavía cuáles van a quedar en esa lista. Toda prohibición genera vías de solución, y en algunas puede haber elementos de corrupción. Precisamente, alrededor de unas 1.500 visas a chinos, por año, están en esa lista restringida, la cual debe ser autorizada en la Dirección de Migración; entonces, me informa gente que ha hecho la investigación internacional correspondiente en el ámbito de OIJ y del Ministerio Público, que el valor de esas visas es de $30 mil, que se distribuyen en toda la cadena, porque esto arranca desde quien localiza al ciudadano en la República Popular China, los intermediarios, cómo llegan al país, los abogados que hacen las cosas acá y los funcionarios de migración que autorizan esas visas. Si Ud. multiplica 1.500 visas al año por $30 mil, está hablando de un negocio de $45 millones. No es que todo eso se quede en Costa Rica, pero alguna parte sí. Y allí es donde precisamente hay corrupción. ¿Y el Fiscal y Ud. están dispuestos a caerle a esa red? -En eso estamos, es una investigación muy a fondo, y yo lo único que he hecho es decirle al Fiscal que tiene toda mi colaboración. También hay corrupción en el caso de visas a cubanos. Básicamente es con chinos y cubanos donde hay corrupción. Pero la Guerra Fría no se va a acabar para Cuba… - No sé qué decisión tomará el presidente Arias, no es mi área de competencia. Pero desde hace muchos años declaré que no tenía problemas en las relaciones con Cuba. El Canciller y el Presidente tendrán que resolver. Quienes me conocen saben que muchas veces me he pronunciado a favor de las relaciones con Cuba. ¿Qué hará con el "ejército" de policías privados que se ha creado? -Eso es muy importante y también es una sorpresa para mí. Hay como 400 empresas privadas dedicadas al negocio de la seguridad privada, de las cuales no todas son serias. Y hay dos asociaciones. El Ministerio, por ley, tiene obligaciones de control sobre esas empresas. La pasada administración asignó a 33 funcionarios para controlar que tengan el curso básico de policía, el asunto de las armas, y y una educación básica como policías. Aunque yo ponga 60 o 90 funcionarios, siempre va a haber una desproporción para controlar a 25 mil guardias dedicados a la seguridad privada. Me propongo tratar de desarrollar una alianza estratégica con esas empresas, porque deberíamos ponernos de acuerdo, ellos y el Estado, para que esa función se realice de una manera democrática, que tenga que ver con el sentido y el ser de la nacionalidad costarricense, pero además para potenciar la capacidad de la Fuerza Pública. Porque, ¿allí quienes están? Los que le prestan la seguridad a los bancos, a las zonas francas, a empresas, a los barrios, a los residenciales. No es lo mismo que esos guardias privados estén dejados allí, de la mano de Dios, a que haya una sinergia de trabajo entre ellos y la delegación policial, y que ellos sean un poco auxiliares de la policía, y que puedan compartir información para mejorar la eficiencia y la capacidad de la Fuerza Pública en enfrentar la criminalidad. Si ya ese portillo se abrió, y hay 25 mil hombres en empresas privadas, lo lógico es que tratemos de hacer una alianza estratégica con reglas del juego muy claras en beneficio del país. |
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